Los asesinatos de Tamaulipas, sólo un ejemplo: Desdén permanente del gobierno Federal hacia las y los migrantes

Guadalupe Cruz Jaimes.

Pese a la solicitud internacional de medidas cautelares y acción urgente de protección para las y los migrantes centroamericanos, en su paso por México hacia Estados Unidos, y para quienes los protegen, el gobierno Federal ha sido omiso.


El asesinato de 14 mujeres y 58 hombres migrantes, recién registrado en Tamaulipas, es sólo uno de los ejemplos de esta falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad de estas personas, víctimas de secuestro, extorsión, tortura, esclavitud sexual y laboral.

En marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para proteger a las y los migrantes víctimas de secuestro en Saltillo, Coahuila, y a quienes denuncian, documentan y les brindan ayuda humanitaria en La Casa del Migrante de Saltillo.

La semana anterior, Amnistía Internacional (AI) emitió además una acción urgente, por el hostigamiento que sufrieron por segunda ocasión las y los migrantes que habitan en ese albergue, al igual que las personas que ahí laboran.

En octubre de 2009, el personal de La Casa del Migrante de Saltillo, uno de los 30 albergues de este tipo que hay en el país, recibió amenazas de muerte por teléfono. A principios de este mes, fueron intimidados nuevamente.

Sin embargo, las medidas de protección no han sido efectivas, muestra de ello, es la vulnerabilidad de este sitio creado para proteger a las y los migrantes, quienes siguen siendo presa del crimen organizado, aseguró Sandra Alviquer, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Casa del Migrante de Saltillo.

La múltiple violación de derechos humanos de miles de mujeres y hombres originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala en México, es el resultado de una política migratoria que los criminaliza y que permite la colusión de la delincuencia y las autoridades, hecho denunciado y documentado por el personal del albergue durante los últimos dos años y medio.

La masacre de 72 migrantes, es “prueba irrefutable” de que no sólo les roban; los están matando, torturando”, alertó la coordinadora del albergue, quien añadió que las agresiones en contra de las mujeres centroamericanas, se caracterizan por la violencia sexual.

En su camino por México 6 de cada 10 migrantes son violadas, para las centroamericanas viajar acompañadas puede salvarlas de que otros migrantes las agredan, pero no las libra del abuso de las policías, autoridades migratorias y “mucho menos de un secuestro”.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de septiembre de 2009 a febrero de 2010, se registraron más de 10 mil secuestros de migrantes en el país, esta cifra rebasó los 9 mil 780 registrados en el mismo semestre de 2008 a 2009.

La CNDH advierte que mil 600 migrantes son víctimas de secuestro cada mes. No obstante, el gobierno federal puso en duda esta estadística y señaló, a principios de este año, ante la CIDH, que en 2009 sólo recibió 15 denuncias de secuestro de migrantes.

Cuando las migrantes son secuestradas, sufren agresiones sexuales como parte de la tortura a la que son sometidas para que proporcionen a los plagiarios, los datos de sus familiares en Estados Unidos.

El costo del rescate es en promedio de 3 mil dólares, si las familias acceden, los secuestradores les piden hasta dos veces más la misma suma. Si no tienen familia en ese país, llaman a sus parientes en sus lugares de origen, mencionó.

Sin rescate, el destino de las y los centroamericanos es todavía más incierto, los hombres son obligados a delinquir, mientras que a las migrantes las convierten en esclavas sexuales y laborales.

Migrantes sobrevivientes, indican que ellas son agredidas sexualmente y obligadas a trabajar en las casas de seguridad, donde hay en promedio 300 secuestradas, algunas ubicadas en Veracruz, Tabasco, Estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas.

Por cada 100 centroamericanos que ingresan al país, entran 30 mujeres, de ellas, sólo 5 logran atravesar el territorio mexicano e intenta cruzar la frontera norte pero debido a los secuestros y explotación laboral y sexual, “la mayoría de las que escapan, vuelven a sus lugares de origen”, refirió Alviquer.

La cifra en México de indocumentados se desconoce, sin embargo, el número de deportaciones “da una idea de la magnitud del flujo”, según el Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a julio de 2010, 43 mil 748 personas fueron deportadas a sus países, de ellas, 93 por ciento son centroamericanas.

“Algunos migrantes son secuestrados en el sur y recluidos en casas de seguridad del norte, para llegar tienen que pasar retenes militares y de la policía federal. Las autoridades se dan cuenta de que estas personas son migrantes secuestradas, pero no hacen nada, sólo reciben dinero y los dejan pasar”.

“La corrupción ya cayó en el cinismo”, concluyó, pues hace tres meses, agentes del INM “intercambiaron” a las y los centroamericanos que tenían familia en Estados Unidos con integrantes de la delincuencia organizada, por otro grupo de migrantes sin familia en ese país, que pudiera ser extorsionada.




Difusión: TONATIUH MALDONADO..

El retorno de los vencidos

Laura M. López Murillo,

En algún lugar de la agenda presidencial, entre los fracasos y las obstinaciones, está marcado con el color del desconcierto el primer día en el declive del régimen; a partir de entonces, se desgasta paulatinamente la aureola del poder total y se enardecen las voces beligerantes de la venganza...


El castigo fue el factor determinante en las elecciones del 4 de Julio y sus secuelas son la reconfiguración del poder y el clima de represalia que impregna el ámbito político. El rotundo fracaso de la cruzada de Felipe contra el crimen organizado y la ineficiencia de las políticas públicas influyeron en los resultados electorales. Los pocos electores que acudieron a las urnas lo hicieron convencidos de hacer valer su rechazo al régimen actual y emitieron el voto de castigo.

En estas circunstancias resurge con fuerza la voz de los vencidos, ahora vencedores, con la firme determinación de exhibir los excesos, las carencias e impericias del Calderonismo. El tiempo restante del sexenio estará marcado con el mismo color de la beligerancia con que hace leña del árbol caído. En esta lógica vengativa, los legisladores que alguna aprobaron el cambio en el formato de la ceremonia del informe presidencial por considerarlo anacrónico y obsoleto, ahora pretenden una contra reforma y volver al formato anterior.

La modificación del formato evitó la incómoda confrontación del ejecutivo y el legislativo en el mismo recinto, eliminó cualquier posible interpelación ofensiva, reclamos de la macuarrencia opositora y reproches de la disidencia durante la lectura de la glosa del informe, marcó el final del besamanos, la foto y el baño de pueblo como protocolos oficiales instituidos durante el Priato. Pero aquella reforma también dio pauta a una ceremonia alterna en el ámbito exclusivo y excluyente del panismo rampante, inaugurando el protocolo de lisonjeo y genuflexión de la nueva aristocracia mexicana.

Y el insufrible desencuentro con el legislativo se sustituyó con una intensa campaña invasiva en los espacios de entretenimiento promoviendo los logros del sexenio en mensajes prefabricados en escenarios ficticios y situaciones inverosímiles.

Hoy por hoy, ante el declive del calderonismo en todos los ámbitos de su incompetencia, cuando los vencidos revirtieron la derrota se aprestan a cobrar la afrenta. Desafortunadamente para la ciudadanía, la venganza de los vencidos se conjura en el ámbito legal, donde las minorías deciden el futuro de las mayorías.

El vulgar manipuleo de la legislación para satisfacer resentimientos partidistas exhibe la inmadurez de la clase política; al dilapidar el carácter imparcial de las leyes en represalias iracundas retrocedemos a la época del absolutismo, que debimos haber abandonado hace muchos años y que resurge ahora, cuando se desgasta paulatinamente la aureola del poder total y se enardecen las voces beligerantes de la venganza…

Foto: México - Vestido de militar, el presidente Felipe Calderón rinde "tributo" a las Fuerzas Armadas. / Autor: LA JORNADA

Laura M. López Murillo es Licenciada en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos, Especializada en Literatura en el Itesm.




Difusión: TONATIUH MALDONADO..

El Defensor del Pueblo en Bolivia.

Antonio Peredo Leigue.

Hacia fines de los años ’80, la infatigable labor de muchos activistas de los derechos humanos comenzó a presionar para instaurar, en Bolivia, la institución del “Ombudsman”, nombre original en sueco de la persona a la que se asigna atribuciones de defender a la ciudadanía de los excesos del gobierno. Finalmente, en diciembre de 1997, se creó el Defensor del Pueblo, acentuando el carácter personal de esta atribución. Sin embargo, la actual Constitución Política dispuso que se designara Defensoría, definiendo así su carácter institucional.


Es bueno recordar estos artículos de la Constitución Política del Estado, relativos a la Defensoría del Pueblo. 218.- La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. Art., 219, parágrafo II.- La Defensora o el Defensor del Pueblo no será objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones.

¡Qué importante es recordar esas frases! Estamos claros respecto a que es atribución de la Defensoría, defender los derechos humanos individuales y colectivos frente a la administración del Estado y también respecto a las instituciones que prestan servicios públicos, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo hace, según la CPE conforme a la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales; no tienen validez, para cumplir la atribución defensorial, los decretos, las resoluciones ministeriales, los informes de las comisiones parlamentarias ni las que promulguen las gobernaciones o alcaldías.

Y esto es importante recordar: es atribución, es decir, una facultad a la que está obligado el representante de la Defensoría del Pueblo. Hay que recordar que, ya en su primer informe de gestión, la entonces Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, enfrentó la iracundia de algunos mandos militares y policiales que consideraron impertinente su actuación. Cuando, cinco años después, la señora Romero concluyó sus funciones, fue evidente para todo el país, la seriedad y la probidad con que desarrolló sus funciones.

Por supuesto que fue una tarea difícil entonces y también después, hasta ahora. Los reportes o informes de la Defensoría del Pueblo tienen que señalar a los gobernantes, cuáles son los excesos, errores y abusos que cometen en el ejercicio del mandato que recibieron del pueblo. Defendiéndose, estas autoridades, muchas veces atacan al Defensor del Pueblo, sin recordar que él o ella no será objeto de acusación ni cuando presenta su informe ni después, porque lo único que está haciendo es ejercer las atribuciones que se le encargó cumplir.

Si se considera que el titular de la Defensoría del Pueblo se ha excedido, ha sesgado, errado en su trabajo o que está faltando a la tarea que se le encomendó, lo que puede y debe hacerse es disponer de todas las pruebas que muestren el error, falla o sesgo que se haya cometido. Amenazar públicamente, ni siquiera en privado, porque no se está de acuerdo con las conclusiones o sugerencias de su informe, es desconocer la Constitución.

Y estas faltas se cometieron en estos días. Debemos rectificar.



Difusión: TONATIUH MALDONADO..

CARTONES DE LA JORNADA

Abuso sexual infantil: 'La falta de empatía es un legado de la dictadura'

ARGENTINA.


Sonia Santoro.

El juez Carlos Ronsanski es un experto en materia de abuso sexual infantil. Dice que falta capacitación adecuada y un cambio de ideología en muchos operadores para que los culpables de este delito sean condenados. 'El terrorismo de Estado irradió sus efectos en nuestra sociedad, incluso hasta nuestros días, en todo lo que afecte a grupos vulnerables', apunta.


Su imperturbable pelo largo y sus ojos celestes cautivaron a más de una, pero no tanto como la fuerza de sus argumentaciones en defensa de los derechos de niños y niñas y los derechos humanos en general. Carlos Ronsanski, juez de Cámara y Presidente del tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, estuvo en Córdoba para dar una conferencia sobre abuso sexual infantil en el I Congreso Internacional contra la violencia hacia la Mujer y el II Congreso Internacional sobre Delitos contra la Integridad Sexual.

Rosanski fue titular de la Cámara del Crimen de Bariloche y participó en el Consejo de la Magistratura de Río Negro.

Durante su conferencia, que duró más de una hora, varios momentos levantaron aplausos agradecidos, de aquellas que encontraban en sus dichos la confirmación de sus ideas o el apoyo necesario para seguir trabajando en un campo tan duro como es el del abuso sexual infantil y la violencia contra las mujeres.

-¿Cuál es el principal problema para que en los casos de abuso sexual infantil se logren condenas para los culpables?

El problema principal sin duda alguna es la falta de una capacitación adecuada sumada a la ideología de muchos de los operadores. Cuando hablamos de capacitación, el sentido es un conocimiento adecuado de las principales características del fenómeno de ASI al igual que sus principales consecuencias en las víctimas. Quien es formado conociendo esas características, no va a tener dificultad en tomar en cada caso las medidas adecuadas para la protección de las víctimas y el eventual esclarecimiento de los hechos. En cuanto a la ideología, se trata de aquellos funcionarios que por mantener una cosmovisión basada en estereotipos, mitos y prejuicios de género y edad, reproducen en sus intervenciones esa cosmovisión, lo que se traduce a su vez en medidas muchas veces vergonzosas y que ponen en nuevos riesgos a las víctimas –por ejemplo las revinculaciones con los abusadores o malytratadores-.

- Usted dijo que hoy la intervención en casos de abuso sexual infantil no es respetuosa, ¿puede explicar esto?

Una intervención respetuosa es aquella que en todo momento tiene en cuenta las necesidades y padecimientos de las víctimas. Para eso es indispensable aquella combinación que mencionaba de conocimiento con una cosmovisión sensible. En general no se dan ambas características en muchos de los operadores, con lo cual las intervenciones dejan de ser respetuosas. Ello una vez más no sólo perjudica a las víctimas, sino que como dije las pone en alto riesgo.
-Usted ha actuado también en juicios contra represores de la dictadura ¿encuentra alguna relación entre el legado que nos dejó esa etapa y la impunidad en los casos de abuso sexual infantil?

Hay desde mi punto de vista una relación interesante entre aquel legado y la impunidad no sólo en casos de ASI, sino además en todo lo que se refiera a cuestiones de género o que afecten a grupos vulnerables de la sociedad. De las sentencias firmes dictadas en los juicios realizados por violaciones masivas a los Derechos Humanos, se desprende que el terrorismo de Estado irradió sus efectos en nuestra sociedad, incluso hasta nuestros días. La pérdida de empatía y la falta de sensibilidad ante la injusticia son algunos de los factores que, a mi entender derivados de aquella etapa, conspiran contra intervenciones respetuosas en casos de abuso infantil. Recién en estos años es posible ver signos de recuperación de aquellas pérdidas tan importantes respecto de comprender el dolor ajeno y es a partir de esta nueva etapa, que se puede comenzar a hablar de verdaderos cambios en las intervenciones tanto policiales como judiciales en la materia. Desde luego que lo vinculado a la violencia doméstica es alcanzado por muchos de los factores que afectan también a la intervención en ASI.

-En estos días la Cámara de Casación de La Plata deberá resolver si ratifica la condena o absuelve al sacerdote católico Julio César Grassi ¿Qué espera que suceda y cómo evalúa este caso en esta perspectiva?

En realidad, no podría opinar sobre los detalles ya que no intervine en ese juzgamiento y desconozco el expediente. Pero, a estar por las informaciones periodísticas, hubo un tribunal que consideró ampliamente probados los hechos por los que condenó. Más allá del resultado final de la sentencia, lo cierto es que hasta no hace mucho tiempo era impensable que un sacerdote fuera juzgado y menos condenado por abusos sexuales a niños.
-Usted plantea que el backlash comenzó hace 15 o 20 años cuando se produjeron los primeros logros en el cambio de paradigma en materia de derechos del niño/a ¿qué características asume hoy el backlash en nuestro país?

Hoy esa reacción negativa (backlash) ante los avances en defensa de los niños, es cada vez más violenta. A los abusadores y sus protectores les cuesta mucho aceptar la evolución que se produjo en las últimas décadas en la materia y recurren a todos los medios para contrarrestarla. Las agresiones a las víctimas y a quienes los auxilien, incluyendo fiscales y jueces sensibles, están siempre a la orden del día. A eso hay que agregar que también hay operadores policiales y judiciales que comulgan con la ideología de muchos abusadores y agresores, lo que sin duda complica las intervenciones. De todos modos, el avance, desde mi punto de vista, es muy superior al retroceso que pretenden los agresores y así seguirá siendo si nuestra sociedad profundiza los cambios de paradigma que hoy se pueden notar en la sociedad –por ejemplo el casamiento entre personas del mismo sexo, la discusión sobre el aborto…-

-El caso del juez Martín Lozada, al que se le pidió el juicio político por haber autorizado un aborto permitido por la ley se enmarca dentro de este backlash?

Sin duda es una forma clarísima de backlash ya que una parte de la sociedad de Bariloche no soportó que él tomara las medidas adecuadas, legales y además moralmente justas. Pero, no se puede dejar de valorar que otra parte muy importante de la misma sociedad barilochense salió en su apoyo y es ese el camino para evitar atropellos como los que ese buen juez debió soportar.
-Que Lozada haya sido apartado del caso de gatillo fácil ¿tiene alguna relación?

No conozco los detalles de ese apartamiento pero, no sería extraño que existiera relación ya que el hilo conductor siempre es el ataque a aquellos funcionarios que hacen lo correcto, sobre todo en temas tan ríspidos como estos.

-Usted fue camarista en Bariloche, ¿qué recuerdos tiene de los jueces que hoy piden el juicio político? ¿Cómo cree que se resolverá su situación?

Yo estoy convencido que se va a resolver favorablemente hacia él. Es muy fácil la razón, desde mi punto de vista. Cuando una parte importante de la sociedad decide no tolerar agravios como los que se ha intentado respecto de Lozada, nada ni nadie lo puede evitar. Es mucha más poderosa la energía de las personas de bien que apoyan a los justos que la de quienes defienden posiciones basadas en la discriminación y desprecio de las niñas víctimas de históricos atropellos.

Foto: Argentina, Justicia - Carlos Ronsanski, juez de Cámara y Presidente del tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata. / Fuente: ARTEMISA


Difusión: TONATIUH MALDONADO..