Luis Paulino Vargas Solís.
La letra menuda alrededor del debate sobre el financiamiento a las universidades públicas, inadvertidamente pone al desnudo algunas intimidades que, quizá, el gobierno habría preferido no ventilar de forma tan evidente.
El gobierno ofrece a las universidades lo siguiente: sus fondos tendrán un crecimiento real (descontada la inflación) del 4% para 2011 y 4,5% para cada uno de los siguientes años hasta 2015. Los ministros afirman que, como porcentaje del PIB, ello elevaría el monto asignado a las universidades de 1,23% a 1,30%. Lo sorprendente de esta última afirmación es que su validez depende de que el crecimiento real del PIB sea considerablemente menor al que se les ofrece a las universidades. En concreto los ministros están suponiendo un crecimiento económico de algo más del 3% anual para el quinquenio 2011-2015. Solo de esa forma se podría cumplir la previsión que formulan.
De entrada este es la más inusitada confesión de fracaso que gobierno alguno, apenas empezando, querría hacer pública. Los anémicos índices de crecimiento que están siendo anticipados impactarían directamente en la pobreza, la desigualdad y el desempleo e indirectamente, y por vía de lo anterior, sobre la situación de agravada violencia e inseguridad que estamos viviendo.
Quizá esas lúgubres previsiones económicas no anden tan descaminados, si tomamos en cuenta dos hechos distintos pero relacionados: primero, la perspectiva, nada descabellada, de que la economía mundial permanezca atrapada en un período recesivo prolongado, con manifestaciones especialmente agudas en Estados Unidos, Europa y Japón; segundo, la terca adhesión del gobierno de Chinchilla a una modalidad de inserción y vinculación con esa economía mundial, que nos hace más vulnerables a las agudas turbulencias que la afectan.
No es posible pasar inadvertido que, siendo esta la previsión que parece dar fundamento a la propuesta que se les ha formulado a las universidades, en cambio no es ese el lenguaje que hablan las autoridades económicas del gobierno. Y el asunto resulta más sorprendente ya que una de tales autoridades –el Ministro de Hacienda- es parte de esa Comisión de Enlace donde la negociación con las universidades tiene lugar.
Parece, pues, que el gobierno maneja un doble discurso en materia económica. El uno –quizá el más realista- es el que se le aplica a las universidades. El otro –que responde a fines seguramente propagandísticos- es que el ofrecen las autoridades económicas en sus edulcoradas manifestaciones públicas.
Aparte lo anterior, dos rasgos destacados emergen del discurso de los ministros y ministras de la Comisión de Enlace. El uno atiende a su concepción de universidad. El otro al enfoque fiscalista ortodoxo desde el cual afrontan este asunto.
La gubernamental concepción de universidad queda resumido en lo ha devenido lugar común en el discurso oficial: los salarios universitarios son excesivos y crecen en forma desmedida; las universidades deben captar más estudiantes; esto ha de hacerse con el presupuesto que el gobierno ofrece (4-4,5% de crecimiento real). Los ministros no dicen: las universidades deben hacer más investigación y acción social. Tampoco dicen: el esfuerzo de desarrollo del conocimiento –que en Costa Rica depende casi totalmente en las universidades- requiere de personal altamente calificado que, por ello mismo, amerita una buena remuneración. En síntesis: lo que se dice combinado con lo que no se dice ilustra muy bien qué se desea: universidades públicas degradadas al modelo “universidad-privada-de-garaje”, harto conocido en Costa Rica.
El economicismo subyacente a esa concepción chata y ramplona de universidad, emerge aún más claro en el segundo punto: el fiscalismo ortodoxo de los representantes oficiales que exigen contención y austeridad en función del objetivo de re-equilibrio de las cuentas fiscales. Es una historia trilladísima, que ya se les aplicó a las universidades en los años ochentas y noventas. En el ámbito de la inversión en infraestructura, ello se ejemplifica en el dramático colapso de la red vial que hoy presenciamos. Es un arma de doble filo: el “ahorro” de ahora revierte, al cabo de poco tiempo, en costos muchísimo más onerosos. Es, típicamente, del tipo de falsas soluciones a que esta clase política nos ha venido sometiendo –con implacable ineptitud- a lo largo de los últimos 25 años.
Difusión: TONATIUH MALDONADO.
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